Los procuradores delegados de Derechos Humanos, Asuntos Étnicos y de Infancia, escucharon a los indígenas de la etnia Jiw asentados en el hospital antiguo de Puerto Concordia, Meta. El grupo que supera los 90 integrantes llegaron desplazados por el conflicto armado desde el municipio de Mapiripán.
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Para el líder William, es preocupante la falta de garantías en educación, salud y vivienda. Afirmó que los menores están en condición de calle por la falta de alimentos; consumiendo bóxer, marihuana y bebidas alcohólicas. Otro vocero es Emilio, y la solicitud es la reubicación en un predio que garantice la seguridad alimentaria y restablecimiento de derechos.
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