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Sindicatos y trabajadoras rechazan despidos en el Hospital San José del Guaviare

En medio de la controversia por los despidos de 14 mujeres encargadas de servicios generales en el Hospital San José del Guaviare, Sergio Tejeda, representante del Sindicato SIMDES, expresó su preocupación ante la situación. Tejeda señaló que han intentado establecer comunicación con el gobernador Yeison Rojas para buscar una solución que permita a estas trabajadoras continuar desempeñando sus funciones por al menos 4 o 6 meses más, asegurando así un tiempo prudente para su notificación y preparación ante el cese de sus contratos.

Por otro lado, Gelmun Tapias, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Guaviare, manifestó un rechazo absoluto a la decisión tomada por las directivas del hospital. Según Tapias, hasta el 30 de diciembre, ninguna de las trabajadoras había recibido una notificación oficial sobre su despido, lo que calificó como un acto injusto y poco transparente. Agregó que la falta de comunicación por parte de la administración solo aumenta la incertidumbre y el descontento entre las afectadas.

Alba Perdomo, vocera de las trabajadoras, señaló que las 14 mujeres afectadas han dedicado años de su vida a garantizar la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones del hospital. Perdomo calificó la decisión de despido como arbitraria y aseguró que ya están organizando una demanda para proteger sus derechos laborales, los cuales consideran vulnerados. La vocera enfatizó que esta medida no solo afecta a las trabajadoras, sino también a sus familias y al funcionamiento general del hospital.

Los líderes sindicales, tanto Tejeda como Tapias, informaron que han enviado oficios al gobernador y a las directivas del hospital solicitando una reunión urgente. En este encuentro esperan recibir explicaciones sobre las razones detrás de esta decisión y buscan obtener una respuesta favorable que permita proteger a las trabajadoras despedidas. Ambos dirigentes reiteraron su compromiso de continuar luchando por los derechos de las afectadas y exigen mayor responsabilidad social por parte de las autoridades involucradas.