El primer caso es al alcalde de Miraflores Arely de Jesús Acosta Orozco por posibles irregularidades en contratación de insumos de la papelería de la Alcaldía, la investigación también involucra a dos servidores del gabinete municipal para 2021. La investigación asimismo cobija a la secretaria de Gobierno, Seguridad y Postconflicto, Gensi Juliana Grisales Cruz y el exjefe jurídico y de contratación del mismo ente territorial, Cesar Robledo Acosta Lemus.
En dialogo con el procurador regional del Guaviare, Michael Torres, al parecer, los entonces secretarios habrían recomendado al mandatario, en su informe de evaluación, adjudicar el contrato al proponente que presentó la propuesta más baja y posteriormente, ante la observación de otro oferente quien calificó dicha propuesta como artificialmente baja, la habrían rechazado pese a los soportes que demostraban su viabilidad.
El ente disciplinario señaló que, con esta conducta se habrían violado los principios de la contratación pública, teniendo en cuenta la modalidad de selección de mínima cuantía, cuyo fin es obtener la propuesta más económica para la entidad.
Por otra parte una segunda investigación cobija el secretario de educación, Luis Carlos Granados, por posible retraso en la contratación del PAE vigencia 2023. El ente indaga las posibles omisiones y demoras que se habrían presentado en el trámite precontractual y contractual del PAE.
La visita adelantada por el Ministerio Público en días pasados permitió establecer como consecuencia de los retrasos presentados en este proceso, no se habría entregado el suplemento alimenticio desde el primer día del calendario escolar, sino hasta el pasado 13 de febrero para la población indígena y el 20 de febrero para población regular.
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