El secretario de educación departamental, Luis Carlos Granados, anunció en Marandua Noticias que se realizará un traslado de 600 millones de pesos al operador autorizado por el gobernador Heydeer Palacio. Estos recursos se destinarán al pago de salarios a los cuidadores y manipuladoras de alimentos de los internados en Guaviare, a partir de este viernes.
Granados mencionó que esta medida responde a la solicitud de la Unión Sindical de Directivos de la Educación del Guaviare (USDEG), luego de escuchar atentamente al vicepresidente de esta organización, el docente Aurelio Zuluaga, quien expuso la situación por la que están pasando estas personas.
El secretario, aclaró que se atienden alrededor de 3,400 niños en las escuelas a través de un contrato con un operador, por lo que no es responsabilidad directa de la Secretaría de Educación. El inconveniente surge debido a que el Ministerio de Educación no transfirió los recursos a tiempo, lo que ha generado retrasos en el pago de los salarios de los cuidadores y manipuladoras de alimentos.
Por otro lado, el secretario mencionó que están a la espera de que la Junta de Acción Comunal de la Institución educativa de Guacamayas proporcione la documentación necesaria para establecer la contratación y ampliar el pozo reservorio, garantizando así el suministro de agua para la institución educativa.
En relación a la seguridad en el internado nuevo, se está trabajando en la realización de obras para garantizarla, así como en la construcción de un corredor que conecte los edificios de la institución. Respecto a los dormitorios, se informó que se cuenta con un presupuesto de 2,000 millones de pesos para cubrir esta necesidad en los internados del departamento.
En cuanto al transporte escolar, se explicó cómo se ha implementado este servicio. En San José del Guaviare, se inició la semana pasada en todas las sedes rurales, incluyendo las nuevas rutas y está siendo gestionado por la Secretaría de Educación. En los municipios de Calamar y El Retorno, los recursos han sido transferidos a las alcaldías para que sean las administraciones quienes atiendan esta prioridad en las instituciones educativas rurales.
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