Las veedurías Sogdis y Redcipaz, especializadas en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, visitaron diversas entidades públicas como la Alcaldía, Gobernación, SENA e ICBF. El objetivo fue verificar el cumplimiento del decreto 2011, expedido por el Ministerio de Trabajo y Función Pública, que obliga a las instituciones a garantizar una cuota mínima de empleos públicos para personas con discapacidad. Durante las reuniones, se solicitó la documentación que respalde la caracterización y localización de los empleados en esta condición.
En el caso de la Gobernación, se evidenció que, aunque hay empleados de planta con los certificados requeridos, no ocurre lo mismo con los contratistas por prestación de servicios, donde se reporta un alto porcentaje de empleados que no están incluidos en esta cuota. En la Alcaldía, se acordó una segunda reunión para establecer quiénes son los empleados con discapacidad y cuáles certificados se tienen en regla.
Las veedurías solicitaron la convocatoria de reuniones urgentes con estas entidades para asegurar la inclusión real de personas con discapacidad en el sector público. También planean continuar sus visitas a otras instituciones, como el SENA y el ICBF, para confirmar que cumplan con lo estipulado en el decreto y promover la igualdad de oportunidades.
