La familia Castro Ochoa*, recuperó un predio de 114 hectáreas en Puerto Concordia, Meta, despojado de manera violenta por paramilitares en cabeza de Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias Cuchillo, regresa por acción de la justicia a manos de sus legítimos dueños.
Esta zona del país, sufrió el domino de grupos guerrilleros que impusieron su ley. Luego, hacia el año 1998 el surgimiento de grupos de autodefensas desató abiertos enfrentamientos entre los bandos, confinando el territorio a un estado general de violencia.
Para el año 2001, bajo la modalidad de venta de franquicias coordinada entre los hermanos Castaño, uno de ellos Vicente Castaño transfirió el poder del llamado Bloque Centauros al narcotraficante Miguel Arroyabe, quien de inmediato buscó ampliar el control de las AUC. Al poco tiempo, el grupo paramilitar llegó a tener cerca de 6.000 hombres y extendió su presencia en Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
Uno de los comandantes a las órdenes de Arroyabe fue Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias Cuchillo, quien al mando del Frente Guaviare, consolidó su poder en zonas como San José del Guaviare, Puerto Rico, Puerto Concordia y la zona oriental de Mapiripán, valiéndose de masacres, asesinatos selectivos, quema de viviendas, desplazamientos forzados y amenazas a la población.
Entre sus víctimas directas se cuenta la familia Castro Ochoa, en cabeza de Baudilio Castro y Vilma Ochoa, esposos y titulares de la escritura que desde 1998 los reafirmaba como dueños del predio Bellavista, en la vereda Aguas Claras del municipio Puerto Concordia.
Hasta ese lugar, de 114 hectáreas y explotado entonces por la familia en labores ganaderas, arribó el 9 de octubre del 2003 el jefe paramilitar y un comando de hombres armados. Sin razón alguna, Cuchillo ordenó a los propietarios abandonar el predio con los enseres que pudieran tomar a la mano.
La familia se desplazó a Villavicencio, adonde Baudilio recibió a los pocos días una llamada en que le indicaban ir a Puerto Concordia para encontrarse con el comandante. “Me dijo que la finca era ahora de él y que me iba a dar 20 millones. Que los tomara o los dejara, pero que daba igual porque al terreno mi familia y yo no podíamos volver”, declaró Baudilio.
Pasados unos días, el legítimo propietario fue nuevamente contactado, esta vez para realizar en una notaría de Villavicencio el involuntario traspaso del terreno a una persona de nombre Aníbal Gutiérrez Nieto, quien a su vez entregó la suma de dinero inferior al valor real del predio y reiteró las amenazas a la familia.
Solo con la implementación de la Ley 1448 estas víctimas de la violencia recobraron la esperanza de recuperar su patrimonio. Su perseverancia hoy rinde frutos a través del fallo judicial que les reconoce la condición de legítimos propietarios, invalida la escritura firmada bajo presión y otorga una serie de beneficios como estímulo para la reactivación económica del hogar.
“Este es uno más de los casos que comprueba la capacidad del proceso de restitución de tierras para amparar los derechos de los campesinos despojados por completas estructuras criminales que operaron de manera sistemática. Uno a uno estamos recuperando los terrenos que los grupos armados le arrebataron a los pobladores”, expresó la directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Diana Esmeralda Herrera.
La URT, Dirección Territorial Meta, ha beneficiado en la región a más de 800 personas mediante 174 fallos proferidos hasta el momento.
* Nombre cambiado.
