Según la periodista Juanita Vélez, cofundadora de la Fundación Core, desde 2022 las disidencias de las FARC han estado adelantando un catastro ilegal en zonas rurales del Guaviare. Vélez afirmó que, para 2024, los campesinos en estas áreas están siendo forzados a llenar formularios con información detallada sobre sus tierras, como parte de una estrategia del grupo subversivo para establecer control sobre el territorio.
Las comunidades afectadas temen denunciar estas prácticas, ya que las disidencias han expandido su influencia a otras zonas del país, como Vistahermosa y Puerto Rico, en el Meta. Según Vélez, los campesinos están siendo obligados a pagar por la medición de sus tierras y el uso de GPS para establecer linderos, y en casos de grandes extensiones, los grupos subversivos aplican criterios de repartición basados en sus propios intereses.
La periodista indicó que detrás de este catastro ilegal están el Bloque Jorge Briceño, liderado por alias «Calarcá», y la estructura Primera, bajo el mando de alias «Iván Mordisco». Estos grupos buscan imponer su poder y autoridad sobre el territorio, lo que ha generado enfrentamientos tanto entre ellos como con las fuerzas del orden.
Vélez destacó que la falta de interlocución entre el gobierno y las comunidades es uno de los factores que agravan la situación. Sin embargo, reconoció el trabajo que el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) está realizando para avanzar en el catastro legal en estas áreas.
