Por solicitud de la Fiscalía Seccional, a la cárcel fue enviado Eimar Fabián Cuéllar Agudelo, uno de los presuntos responsables del hurto ocurrido a una finca ubicada en la Vereda El Retiro, área rural de San José del Guaviare (Guaviare), y a un establecimiento comercial de esa misma ciudad el 23 y 24 de agosto de 2019.
Los hechos se habrían presentado cuando el detenido, en compañía de otras 2 personas capturadas en flagrancia, habrían irrumpido en la finca donde al parecer amarraron, golpearon y sedaron a la pareja dueña del lugar para hurtar joyas, relojes de marca, prendas de vestir y dinero en efectivo, luego de intimidarlos con arma de fuego y un arma cortopunzante.
Según la investigación de la Fiscalía, luego del hurto a la finca, los tres hombres se desplazaron hasta un establecimiento comercial, de propiedad de las víctimas, ubicado en la zona urbana de la ciudad de San José del Guaviare, donde se encontraba el hijo de la pareja, a quien también habrían amenazado, amarrado y golpeado para llevarse los objetos de valor y dinero en efectivo que encontraron allí.
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Capturan a integrante de banda que se dedicaría al hurto a comerciantes en Guaviare
El ente investigador evidenció que los presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Los Amarrados habrían hurtado, entre objetos y dinero en efectivo, en estos 2 lugares, entre 15 y 20 millones de pesos.
La detención mediante orden judicial de Cuéllar Agudelo, quien había huido y sería el líder del grupo delincuencial, fue materializada por investigadores de la Sijin de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, en vía pública de San josé del Guaviare.
Ante el Juzgado 1° Penal Municipal con función de control de garantías fue presentado el detenido para su judicialización, donde la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego en concurso homogéneo, heretogéneo y sucesivo con el delito de hurto calificado, los cuales no fueron aceptados.
Ante la decisión del juez, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico del capturado y garantizar que esté en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.
