Por David A. Montero /COLUMNA DE OPINIÓN
Una línea que no puedo cruzar en silencio
Generalmente intento mantenerme al margen del debate político. Lo hago por salud mental, porque mi tiempo libre es limitado y prefiero concentrarme en mi familia, mis estudiantes y mis proyectos de investigación. Sin embargo, hay momentos en los que el silencio también puede convertirse en una forma de complicidad.
La propuesta de consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro es uno de esos momentos. No escribo este artículo desde una postura partidista ni ideológica, sino desde una preocupación genuina por el rumbo institucional del país, y con la convicción de que la democracia merece ser defendida también desde la crítica ciudadana.
¿Participación ciudadana o estrategia electoral?
Esta consulta no es peligrosa por su costo —la democracia, por definición, tiene costos—, sino por la instrumentalización política que encierra. Su anuncio, a pocos meses del inicio de la campaña presidencial, no es coincidencia. Responde a una estrategia para movilizar emocionalmente a los votantes, reactivar una narrativa populista y polarizar el escenario político.
No estamos ante una herramienta participativa genuina, sino ante una jugada de márketing político, que busca afianzar un discurso de confrontación entre “el pueblo” y “las élites”, mientras se elude el debate técnico y democrático.
Muchas de las preguntas incluidas en esta consulta podrían y deberían ser discutidas en el Congreso. El Senado es el espacio natural para tramitar reformas laborales, sociales y de derechos, con participación de todos los sectores políticos, empresariales y sociales. Pero el Gobierno ha optado por la consulta directa, no porque no tenga otra opción, sino porque no ha querido dialogar ni ceder en el trámite institucional.
La intransigencia del Ejecutivo —y de varios de sus ministros— ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo, incluso con sectores que mostraron voluntad de diálogo. Este patrón revela una forma de gobernar excluyente, que olvida que el presidente no gobierna solo para sus votantes, sino para los 50 millones de colombianos.
Más allá de la estrategia política, el diseño mismo de la consulta es problemático. Reducir temas técnicos, sensibles y complejos a preguntas binarias de “sí o no” es una forma de banalizar el debate público. Temas como la contratación laboral, la formalización del trabajo rural o la estructura del sistema pensional requieren análisis profundo, negociación política, estudios de impacto y realismo fiscal. Este tipo de ejercicios genera expectativas que difícilmente podrán cumplirse, y que pueden derivar en leyes improvisadas, inviables o inconstitucionales, debilitando aún más la institucionalidad.
Lo que está en juego es la democracia, no una reforma laboral
En definitiva, esta consulta no busca ampliar derechos laborales ni responder a las necesidades reales de los sectores más vulnerables. Su verdadero propósito es reforzar una narrativa populista, mientras se debilita el debate parlamentario, se deslegitima el disenso y se erosiona el respeto por las instituciones democráticas.
Por eso decidí compartir mis respuestas a cada una de las preguntas planteadas en esta consulta. No lo hago como experto en derecho constitucional ni en administración pública, tampoco desde el fanatismo o la polarización, sino desde el sentido común de un ciudadano informado, autodidacta e investigador, preocupado por el deterioro del diálogo democrático en Colombia.
Estas respuestas no pretenden imponer verdades absolutas, sino invitar a leer, reflexionar y debatir con argumentos. Porque el futuro del país no se define con aplausos fáciles ni con silencios cómodos, sino con conciencia, con crítica y con responsabilidad.
Mis respuestas a la consulta popular del Gobierno Petro
1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
Definitivamente Si.
2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
No. Ya existen recargos legales. Duplicar los costos laborales podría hacer inviable el funcionamiento de muchas pequeñas empresas, con efectos adversos sobre el empleo formal. Lo justo puede volverse inviable si no se equilibra con sostenibilidad.
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
Sí, pero… el beneficio debe extenderse a todas las MIPYMES, sin discriminar por modelo organizativo. La asociatividad es deseable, pero no debe convertirse en un requisito excluyente ni en una barrera para quienes también generan empleo e innovación desde otras formas jurídicas.
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
No. Sin una regulación médica clara y mecanismos de verificación, esta medida puede ser mal utilizada. El riesgo es que, en vez de garantizar derechos, termine generando abuso, estigmatización o precarización del empleo femenino.
5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
Sí, pero… la inclusión real requiere más que una cuota. Se necesita inversión pública en accesibilidad, formación y apoyo técnico. Si no hay condiciones para garantizar una integración efectiva, la medida se vuelve simbólica y hasta contraproducente.
6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
No. La formación práctica no debe confundirse con empleo formal. Convertir al aprendiz en trabajador podría incentivar el reemplazo de puestos formales por aprendices baratos o frenar las oportunidades de aprendizaje en empresas pequeñas.
7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
Sí, pero… sin destruir la flexibilidad que valoran muchos trabajadores de emprendimientos digitales. Hay que diseñar un modelo híbrido que proteja derechos mínimos sin imponer esquemas tradicionales que harían inviable el modelo de plataformas. Este es un debate que requiere diseño técnico, no consignas.
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
Sí, pero… debe ser realista. La ruralidad necesita un enfoque diferenciado, con incentivos fiscales para la formalización, apoyo en seguridad social subsidiada, sin burocracia excesiva y adaptado a la estacionalidad de los cultivos y la fragilidad económica del agro.
9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
Sí, pero… no toda tercerización es negativa. Debe eliminarse la intermediación abusiva, no la posibilidad de tercerizar legalmente funciones específicas, como ocurre en muchos países. El problema es el abuso, no el mecanismo en sí.
10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
No. No por falta de empatía, sino por realismo. La formalización no puede imponerse sin construir antes las condiciones estructurales que la hagan viable. De lo contrario, se expulsa a personas de sistemas precarios hacia la informalidad clandestina.
11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
No. La estabilidad laboral es deseable, pero no todos los empleos ni proyectos pueden sostener contratos indefinidos. Imponer contratos indefinidos como norma puede restringir la flexibilidad que requieren muchas empresas para proyectos temporales o con financiación acotada.
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
No. Sin una fuente de financiamiento estable, esta propuesta puede convertirse en una promesa inviable o una bomba fiscal. Se necesitan soluciones estructurales al problema pensional, no fondos simbólicos sin respaldo financiero.
Lo que propongo: debatamos con matices, no con eslóganes
Estas son mis respuestas. Las comparto no como experto, sino como ciudadano informado, como educador, como colombiano. No se trata de estar a favor o en contra del Gobierno, sino de pensar el país con responsabilidad y cabeza fría.
La democracia se defiende no solo en las urnas, sino con argumentos, con escucha y con autocrítica.
Los invito a leer, reflexionar y debatir. Porque el futuro de Colombia no se juega en una consulta populista, sino en la defensa de nuestras instituciones y en la capacidad de construir acuerdos reales.
David A. Montero autor de está columna de opinión es un colombiano radicado en Chile. Es profesor asistente de la Universidad de Chile, donde investiga en Microbiología e Inmunología. Ha colaborado en proyectos de salud pública y participa en iniciativas de ciencia ciudadana y divulgación científica.
Nota editorial Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura editorial de Marandua Stereo.
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